Una imposición legislativa de un Gobierno español en funciones: la LOMCE

IESGoya

La LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) nació sin consenso de los agentes estatales implicados en la educación, uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar. Si se está aplicando es gracias a una mayoría del Partido Popular, absoluta y arrolladora en sus formas de hacer política, que permitió al Gobierno de Rajoy ejecutar sus medidas sin necesitar a nadie más en la pasada legislatura. Con el paso del tiempo, ese absolutismo exhibido por el PP en el Congreso de los Diputados se ha revelado inútil para alcanzar acuerdos en el panorama político actual. Es lo que tiene ser lo mismo a pesar de bajar de 186 a 137 escaños.

Centrémonos en la LOMCE. Primero hablemos de su autor material. Paradójicamente, el ministro responsable de su elaboración y puesta en marcha, el Sr. Wert, ya no está. Puede que haya sido un mártir para el PP, que le utilizó para aplicar su ideología. Pero no nos equivoquemos: se le ha concedido un retiro dorado en París mientras “su ley educativa” comienza a aplicarse. La actuación del Gobierno, y concretamente del Sr. Wert, parece decir: “Aquí os dejo mi legado y me voy, su aplicación (que es lo más importante en una ley educativa) me da bastante igual”.

Uno de los hitos más importantes en la aplicación de la LOMCE, en mi opinión, fue junio de 2015. En este caso para su “no aplicación”. Los resultados electorales de mayo dieron la posibilidad de formar mayorías de progreso en numerosos parlamentos autonómicos y, en algunos de ellos, también se planteó la oportunidad de reivindicar la identidad y el autogobierno de sus territorios. Cabe recordar, volviendo al tema educativo, que se trata de una competencia autonómica. Es el caso de Aragón o el País Valenciá (otros territorios con una potente identidad propia como Galiza, Euskadi o Catalunya llevan su propio ritmo electoral). La presencia de Chunta Aragonesista en Aragón o de Compromís en el País Valenciá, que además ostenta la Consellería d’Educació de la Generalitat Valenciana, con dispar resultado electoral pero mismo papel trascendental para que se dieran mayorías de progreso en sus respectivos países, llevó a sumar una mayoría que permitió paralizar la LOMCE en sus primeras fases de aplicación. Hay que recordar que estos consensos partían de una hipótesis básica: un vuelco electoral en las elecciones estatales de diciembre de 2015 que permitiera alcanzar una mayoría contraria a la LOMCE en el Congreso de los Diputados, y paralizar su implantación en los colegios e institutos de todo el Estado. En esta mayoría iban a tener un papel fundamental PSOE, Podemos, Unidad Popular y, quizá también, Ciudadanos. Y por qué no, partidos nacionalistas y soberanistas de ámbito territorial que reivindicasen legítimamente el autogobierno de sus países en una competencia como es la educación pública.

Sin embargo, esa mayoría no se dio. Y tampoco hubo gobierno. Segundas elecciones. No voy a entrar en analizar su resultado pero si entraré en sus consecuencias. Los gobiernos como el aragonés, comprometidos con la paralización de la LOMCE en el marco del ejercicio de sus competencias legítimas en materia de educación, vieron cómo su tarea se dificultaba. El colectivo estudiantil tuvo que enfrentarse al “papeleo de fin de curso” 2015-2016 sin saber si se iba a tener que someter a una posible reválida en el próximo año.

El último capítulo de este despropósito de Ley Orgánica ha sido el desarrollo de la misma por un Gobierno en funciones, decretando, entre otras cuestiones, las famosas reválidas en los fines de ciclo. Si observamos, nos vendieron hace unos años, no tantos, un cambio en el paradigma universitario con el Plan Bolonia, que establece una evaluación continua y métodos alternativos para realizar dicha evaluación al alumnado universitario; y mientras tanto la Ley educativa del Estado Español, del Partido Popular, vuelve a la forma más simple y rancia de evaluar: un examen único de los contenidos de todo el ciclo como único mecanismo para conocer si la persona evaluada es apta o no para continuar en el itinerario educativo. Creo que el retroceso que las reválidas suponen para el sistema educativo no merece más comentarios.

No entraré en las consecuencias de la LOMCE, ya las conocemos. Y hay una lucha reconocida e histórica desde que empezó a ser redactada. Si que quiero expresar claramente la diferencia entre un Gobierno y una mayoría parlamentaria, o lo que es lo mismo, entre el poder ejecutivo y el legislativo. Con este ejemplo lo vamos a ver muy claro: un Gobierno del Partido Popular, que fue apoyado por el Grupo Parlamentario Popular en 2011 con mayoría absoluta de 186 diputados, está ahora mismo en funciones desarrollando la LOMCE, mediante decretos aprobados en verano, mientras su Grupo Parlamentario tiene ahora 137 diputados (la mayoría absoluta está en 176). Y no vemos a Rajoy capaz de conseguir más apoyos. La perversión del sistema político democrático español con la aplicación de la LOMCE es total.

Sin embargo, personalmente creo que hay que ser prudente con este tema. El cuidado que no han tenido los Gobiernos Españoles en materia educativa, creo que hay que tenerlo siempre que se haga política sobre este tema (al final, cualquier posición ante la LOMCE es ideológica y cualquier voluntad, tanto para su aplicación como para su rechazo, es política). Están en juego muchas carreras educativas de chavales que viven en el desconcierto porque la incertidumbre política les afecta y mucho. Los centros educativos, independientemente de su voluntad, por imperativo legal tienen que cumplir una Ley que además es Orgánica.

Celebro la voluntad de gobiernos como el aragonés en este tema, que ya ha manifestado públicamente su intención de recurrir los últimos decretos de aplicación de la LOMCE ante el Tribunal Supremo. Realmente no es algo extraordinario, es lo que tiene que hacer, es lo pactado en la mayoría aragonesa de progreso que se conformó hace un año por PSOE, Podemos, CHA e IU para investir a Javier Lambán Presidente del Gobierno de Aragón. El departamento de Educación del Gobierno de Aragón debe poner todos los medios a su alcance, políticos y jurídicos, para evitar la aplicación de la LOMCE, reivindicando las competencias de la Diputación General de Aragón y dejando bien claro que no son un ejecutivo sumiso. Aunque el camino no está nada fácil. Todavía tenemos que conocer el recurso y, una vez presentado, esperar su resultado.

Como veis, y ya acabo, he hablado mucho de partidos políticos. He hablado mucho de política. Que la lucha contra esta ley ha estado y está en las calles no hace falta repetirlo. Lo que hace falta decir alto y claro es que, a nivel institucional, la paralización de la LOMCE es cuestión de voluntad política de las fuerzas políticas mencionadas y en su tejado está la conformación de una mayoría parlamentaria que ejerza el poder legislativo que reside en el Parlamento estatal y derogue la LOMCE, independientemente de si hay o no Gobierno. Esa es la clave de todo porque ahora mismo el desarrollo de la LOMCE es una imposición legislativa de un gobierno en funciones de un color político que no tiene mayoría absoluta en el Parlamento.

Guillermo Corral Comeras
Secretaire Cheneral
Chobentú Aragonesista

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