Chobentú apoya la despatologización de las identidades trans firmando el manifiesto del Consejo estatal de la Juventud

El Consejo de la Juventud del Estado ha puesto en marcha una campaña para exigir la despatologización de las identidades trans, solicitando la adhesión tanto de personas individuales como de entidades a un manifiesto.

El texto del manifiesto, apoyado por Chobentú Aragonesista y también por CHA, es el siguiente:

El Consejo de la Juventud de España (CJE), conociendo las exigencias de la sociedad civil en torno a la despatologización de la transexualidad, exige que los poderes públicos adopten las medidas necesarias para el disfrute de los Derechos Humanos por parte de las personas trans. Su compromiso con la igualdad y la diversidad de todas las personas persiste ante una realidad social que aún sigue condenando a muchas personas a la violencia, la exclusión y el sufrimiento simplemente por amar y/o sentir diferente.

En efecto, aún en muchas legislaciones, tratados, documentos médicos y en tantas instancias más la categoría “transexualidad” aparece como sinónimo de la llamada “disforia de género”. Esta clasificación supone ahondar en el estigmatización de las personas trans, además de una forma de perpetuar unas normatividad de género con consecuencias evidentes para el desarrollo de las personas. La legislación española, salvo honradas excepciones autonómicas como Andalucía, mantiene esta perspectiva con la exigencia del diagnóstico profesional para acceder a una serie de derechos inherentes al respeto a la dignidad humana. Estas exigencias vulneran los principios como los recogidos en Yogyakarta sobre la aplicación del Derecho Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e Identidad de Género, apoyados por Naciones Unidas, en los cuales se reconoce que ninguna persona debe estar obligada al sometimiento para tratamientos curativos.

Desde hace muchos años, el movimiento de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI), en alianza con otros movimientos sociales como los feminismos, se manifiesta en contra de lo que considera una vulneración de los derechos y libertades como lo fue en el caso homosexualidad. Una vez más, este 24 de octubre será un día de lucha democrática que el CJE, en virtud de sus compromisos con la comunidad LGTBI, apoya y asume como propio. Ante esta fecha, este organismo exige que los poderes públicos adopten una serie de medidas urgentes e imprescindibles que deben articularse una normativa más amplia que transforme las condiciones de vida de las personas trans. Son las siguientes:

  • Las personas transexuales demandan una serie de servicios ausentes en la Cartera básica de prestaciones del Sistema Sanitario de Salud. Su inclusión garantizaría que cualquier persona pueda hacer uso de los mismos sin importar en la Comunidad Autónoma en la que se viva. Ahora bien, estos servicios deben articularse desde el reconocimiento de los Derechos Humanos de las personas trans, garantizando la inexistencia de discriminación y sin tutela alguna.
  • La transexualidad es parte de la diversidad humana y no puede ser categorizada como trastorno. Pese a que en su momento supuso un avance, la Ley 3/2007 –conocida como ley de identidad de géneroperpetúa la patologización en lugar de garantizar la necesaria autonomía, el respeto y la igualdad de trato hacia las personas trans en procesos como las cirugías de reasignación sexual.
  • La transfobia impregna lo cotidiano de las personas trans, con graves consecuencias sobre su bienestar y autoestima. Además, la diversidad funcional, la situación migratoria o la precariedad o la exclusión laboral configuran experiencias complejas cuyo tratamiento debe ser integral si se pretende garantizar la no-discriminación y una lucha eficaz contra las agresiones. La hoja de ruta de la Unión Europea, aprobada en 2013, en este ámbito así lo recomienda.
  • El empleo, para muchas personas trans, supone una quimera. Las altas tasas inmanentes de desempleo y exclusión, sobre todo en mujeres trans, alertan sobre la urgencia de las políticas activas de empleo.
  • Las aulas sigue siendo un espacio poco amable para la diversidad. Las altas tasas de suicido y acoso escolar han motivado a los colectivos LGTB para exigir una educación sensible con la diversidad y eficaz contra la intolerancia. Por tanto, la política educativa exigida es una inversión a corto pero también a largo plazo ya que contribuye a construir una sociedad sin violencias machistas y en favor de la diversidad.

> Enlace al manifiesto en PDF.

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